Salud mental en alerta: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público llega al límite
Un relevamiento de la Universidad Nacional de Lanús con datos de 14 provincias muestra que las consultas ambulatorias subieron 23% en el último año y que la demanda ya desbordó las guardias. Las autoridades sanitarias reclamaron más inversión, recursos humanos y una ley que no desarme los marcos vigentes desde 2010.
Son las nueve de la mañana de un martes cualquiera y en la guardia del hospital público de zona norte el murmullo es permanente. Hay madres con chicos en brazos, jubilados esperando un turno y, sobre todo, mucha gente joven que pide ser atendida por algo que no le duele en el cuerpo pero que tampoco la deja vivir: la angustia, el insomnio, las crisis de pánico, la depresión. Esa escena, que se repite en hospitales y centros de salud de todo el país, tiene ahora un número que la describe con crudeza: las internaciones por salud mental crecieron 42% en la Argentina entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses, según un relevamiento federal que coordinó la Universidad Nacional de Lanús junto con las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias.
El dato se conoció esta semana en el Senado, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que está vigente desde 2010, y reavivó una preocupación que los equipos de salud vienen golpeando desde hace rato: el sistema público está absorbiendo una demanda que no para de crecer, sin que los recursos —camas, profesionales, medicamentos, dispositivos territoriales— alcancen a la misma velocidad. Las consultas ambulatorias, que son la puerta de entrada más habitual, también muestran un aumento fuerte: 23% en el último año, de acuerdo con el mismo informe.
Catorce provincias, más del 70% del país
El relevamiento no es un muestreo menor. Participaron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de Entre Ríos y Río Negro, que se sumaron al encuentro. En conjunto, esas jurisdicciones representan más del 70% de la población argentina, lo que le da al cuadro una robustez pocas veces vista para un tema que durante décadas fue medido con más voluntad que datos.
- Las consultas ambulatorias por salud mental subieron 23% en el último año.
- Las internaciones crecieron 42% entre 2023 y 2026, con un 12% adicional en los últimos doce meses.
- En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las guardias hospitalarias ya se explica por problemas de salud mental.
- Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
- Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales y viviendas asistidas.
Lo que cuentan los funcionarios provinciales es que, aun con esa ampliación, la red está al borde. Los propios ministerios reconocieron que las capacidades existentes están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que hay serias dificultades para completar los equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada. En paralelo, el informe advierte que creció con fuerza la atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y terminaron recalando en el hospital público, un dato que habla tanto del deterioro del poder adquisitivo de las familias como de la fragilidad del sistema privado.
“La propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.”Autoridades provinciales de salud, en el informe presentado en el Senado
El debate en el Congreso agrega una capa extra de preocupación. Mientras los números muestran que el sistema necesita más inversión, más infraestructura y más recursos humanos, las provincias plantearon que el proyecto en discusión retrocede en lugar de avanzar, y reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios. También pidieron producir información epidemiológica nacional de calidad, garantizar el acceso a medicamentos y asegurar que cualquier reforma legal venga acompañada del financiamiento necesario para ampliar la respuesta.
Vuelvo a la guardia de aquella mañana. Una psicóloga del equipo de guardia, que atiende a un paciente detrás de un biombo, me cuenta, sin dar el nombre —porque no está autorizada a hablar—, que en los últimos dos años se duplicaron las consultas por intentos de suicidio en adolescentes. Dice que las familias llegan agotadas, que los tratamientos se cortan porque la obra social no autoriza lo suficiente, y que el hospital termina siendo la última red, la que no se puede romper. Cuando salgo a la calle, el sol de la tarde cae sobre una ciudad que parece ir a toda velocidad, y sin embargo, detrás de cada puerta de consultorio, hay alguien pidiendo que lo escuchen. La cifras que difundió la Universidad Nacional de Lanús no hacen más que confirmar lo que esa guardia ya sabe: que la salud mental en la Argentina dejó de ser un tema de especialistas para convertirse en una urgencia de toda la sociedad, y que el Estado, por ahora, está llegando tarde.
