Procesan a un asesor financiero por una estafa de 55.000 dólares a dos hermanos

Un hombre de 39 años identificado con las iniciales J.G. fue procesado sin prisión preventiva por el juez Martín Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 2, acusado de haber estafado a dos hermanos con falsos rendimientos en dólares. La medida fue dictada en febrero y alcanza, además, un embargo sobre los bienes del imputado por 162 millones de pesos.

Según fuentes judiciales, entre enero de 2022 y los primeros meses de 2023 los damnificados entregaron en sucesivas reuniones una suma total de 55.000 dólares al ahora procesado, que se presentaba como asesor financiero y ofrecía rentabilidades fijas en moneda extranjera. Los contactos iniciales se concretaron en cafés del barrio porteño de Recoleta y, en ninguno de los encuentros, las víctimas recibieron comprobantes de las operaciones.

Mecánica de la maniobra

• Un hermano entregó 10.000 dólares en varias reuniones; su hermana sumó otros 15.000 dólares adicionales.
• Durante los primeros meses, el acusado realizó pagos parciales que presentó como ganancias y reforzaron la confianza de las víctimas.
• A partir de febrero de 2023, ante el intento de rescatar el capital, las respuestas comenzaron a dilatarse y el incumplimiento se volvió definitivo en agosto de ese año.

En el expediente quedó incorporado un mensaje que J.G. envió por WhatsApp a uno de los hermanos: "No te voy a atender nunca más. Y lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más. Yo manejo los tiempos, no vos". El contenido fue tomado por el magistrado como un indicio del corte deliberado del vínculo con los damnificados.

La denuncia fue radicada en marzo de 2024. En el procesamiento, Yadarola sostuvo que el acusado "habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado y acceso a circuitos de inversión exclusivos". El juez agregó que las devoluciones parciales cumplían la función de sostener la apariencia de legitimidad para conseguir nuevos aportes.

En su descargo, J.G. negó la maniobra, reconoció haber recibido 30.000 dólares y atribuyó los incumplimientos al contexto financiero de 2023. El magistrado consideró insuficiente esa explicación frente al conjunto de pruebas reunido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 2.

El delito atribuido es administración fraudulenta, figura prevista en el Código Penal con una pena en expectativa de entre un mes y seis años de prisión. La causa fue elevada a juicio oral. La próxima audiencia quedó fijada para el 19 de mayo de 2026.