Mendoza abre una mesa de negociación gratuita para deudores de tarjetas y préstamos personales

El Ministerio de Economía y Energía de Mendoza puso en funcionamiento un mecanismo de conciliación gratuita destinado a consumidores finales con deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones de compras que comprometan en forma sostenida los ingresos del grupo familiar. El procedimiento se tramita ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de la Dirección de Defensa del Consumidor, y apunta a ofrecer un canal formal para discutir nuevas condiciones de pago cuando la situación económica amenaza la capacidad de cumplimiento.

Quiénes pueden acceder y bajo qué parámetros

La convocatoria está dirigida a personas con domicilio real acreditado en la provincia, que revistan como consumidoras finales y que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El criterio operativo fija que los compromisos financieros mensuales deben superar el 30% de los ingresos netos del hogar, un umbral que se reduce al 25% en casos de especial vulnerabilidad social.

Además, el capital total adeudado no puede exceder el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de iniciar el trámite, lo que establece un techo objetivo para la intervención pública. El esquema cubre préstamos personales, financiaciones de compras en comercios, tarjetas de crédito y líneas de plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas, mientras que quedan afuera las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, así como los compromisos empresariales o comerciales ajenos al consumo familiar.

Herramientas de negociación y límites de la Provincia

Entre las alternativas contempladas en la mesa de conciliación se mencionan la extensión de los plazos de cancelación, la aplicación de períodos de espera, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y la posibilidad de reformular los esquemas de cuotas. Defensa del Consumidor, no obstante, carece de atribuciones para imponer condiciones de manera unilateral: cualquier quita, refinanciación o quita de intereses depende de un acuerdo entre el deudor y cada uno de los acreedores involucrados.

El procedimiento se inicia con la presentación, por parte del interesado, de un detalle de los acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. A partir de allí, el organismo cita a las empresas y entidades acreedoras, que disponen de hasta diez días hábiles para informar su postura respecto de la propuesta de reestructuración y, eventualmente, suscribir los acuerdos correspondientes.