La Justicia procesó al exagente Raúl Martins y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE Raúl A. M., de 77 años, por el delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según fuentes judiciales consultadas por este portal.

La medida se adoptó en el marco de la causa en la que se investigan operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, según la Fiscalía Federal Nº 1, provendría de la explotación sexual de mujeres en distintos locales.

Los argumentos de la defensa

Durante la indagatoria, el imputado optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En el descargo sostuvo que las 26 operaciones que se le adjudican, referidas a compras de inmuebles y manejo de sociedades, se concretaron entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que se tuvo por acreditado para la explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, insistió en que el único antecedente firme en su contra se circunscribe al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y afirmó que las denuncias por otros nueve establecimientos quedaron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La respuesta de la magistrada

Servini rechazó esos planteos y consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento. Argumentó que una sociedad creada con anterioridad al delito puede ser utilizada más tarde para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución no era, por sí sola, excluyente.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.

El exintegrante de la SIDE había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina, desde la ciudad de Cancún, quedó a cargo de autoridades argentinas en coordinación con la Justicia de ese país. La próxima audiencia quedó fijada para el 28 de febrero próximo.