Detectan una red de lavado en el Puerto que cruza el narcotráfico rosarino con la corrupción catalana

La Fiscalía Federal 3 de Rosario, junto a otros cuatro fiscales, solicitó esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una investigación por lavado de activos y narcotráfico. Según fuentes judiciales, la maniobra habría permitido integrar al circuito legal fondos provenientes del tráfico de cocaína en Rosario y de la corrupción política en Cataluña, durante casi 16 años.

El eje de la acusación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, de 67 años, exdirector de la terminal portuaria y contador de profesión. Shanahan ya había sido condenado en 2023 a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano, a quien le proveyó dólares desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad. En un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local se secuestraron más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

La causa actual agrega una segunda imputación: entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen ilícito en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas durante décadas.

El esquema en tres pasos

• Entre 2004 y 2005, el dinero de origen ilícito entró al puerto disfrazado de inversión societaria a través de una sociedad controlada por los imputados.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final del lavado, los fiscales señalan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de cubrir el origen de los fondos. El embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares. La próxima audiencia fue fijada para el 28 de noviembre.