Córdoba: entre esperas de meses y bolsillos flacos, la discapacidad queda a la espera de todo

La mañana del cinco de octubre de 2026 en Córdoba arrancó con esa brisa tibia que todavía se pega al cuerpo después del verano, y en la sede de la Defensoría del Pueblo provincial había un clima raro: gente con carpetas bajo el brazo, madres con chicos en sillas de ruedas acomodadas contra la pared y profesionales que hablaban en voz baja como si no quisieran alterar demasiado el aire. A esa hora, Carlos Galoppo, el defensor del Pueblo adjunto que viene empujando este tema desde hace años, presentó un informe que parece escrito con las horas que esas familias se pasan sentadas en una sala de espera: un cuadro minucioso, paciente y por momentos desolador de lo que significa hoy, en esta provincia, vivir con una discapacidad y necesitar que el Estado o las obras sociales respondan a tiempo.

El documento, según reconstruyó este portal, fue elaborado a partir de entrevistas en profundidad y grupos focales, por lo que sus voces no representan a toda la población con discapacidad, pero sirven para entender cómo se viven los plazos en carne propia. Una de las historias que aparece en el relevamiento es la de Romina, vecina de barrio Cerro de las Rosas, que lleva casi dos años sosteniendo con dinero de su bolsillo las sesiones de terapia que su hijo necesita mientras espera una respuesta administrativa. Esa es, justamente, la escena que se repite en cada página del informe: la de una familia que, cuando el sistema no llega, pone el cuerpo y la plata.

El certificado, primera puerta que se traba

Para empezar a recibir cualquier prestación, en Argentina hay que sacar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Ciudad de Córdoba, el informe de la Defensoría cuenta que hay juntas evaluadoras funcionando en siete hospitales, dos de ellos pediátricos. La dificultad no es que no existan, sino que conseguir un turno implica hoy una espera de dos a tres meses, y después aparecen los obstáculos para llegar a los especialistas que deben intervenir en la evaluación. Es decir, el primer paso, que debería ser la puerta de entrada al sistema, se convierte ya en un camino largo.

Terapias, prótesis y medicamentos: el calendario de la espera

Los plazos que el informe pone sobre la mesa varían según la prestación, y todos son altos. Galoppo lo resumió con una frase que se repite en la nota: las esperas van de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Para una persona que necesita una silla postural, un audífono o simplemente una batería de kinesiología, eso significa casi un año de vida en pausa, con el cuerpo cambiando y el tratamiento a la deriva.

“Las esperas para acceder a prótesis y medicamentos van de cuatro a nueve meses, y para los centros de rehabilitación, de nueve a catorce meses.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

Cuando el sistema no llega, lo pone la familia

Mientras los expedientes avanzan, las familias cubren lo que falta. Una de las madres que participó del relevamiento contó que lleva alrededor de dos años pagando atención particular y que sólo en sesiones desembolsa entre 150.000 y 180.000 pesos, una cifra que para muchos hogares argentinos equivale a un salario completo o más. A eso se suman los gastos de transporte, los apoyos escolares y, muchas veces, los viáticos para llegar a un centro de rehabilitación que queda lejos del barrio. El informe también describe cómo la sobrecarga de los cuidados recae principalmente sobre las mujeres, con testimonios de madres que achicaron su jornada laboral, renunciaron a un ascenso o directamente dejaron de trabajar para acompañar a sus hijos. Es decir, el costo no es sólo económico: también se paga en autonomía personal, en proyectos postergados y en una vida que se va angostando alrededor del turno médico.

Los prestadores tampoco llegan a fin de mes

Las demoras que describe el informe no son un problema que termine en la puerta de la casa de cada paciente. Afectan también a quienes ofrecen las prestaciones. El documento releva atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que reciben los centros de rehabilitación, los prestadores individuales y los programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad tuvieron un aumento promedio del 225%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 336%, según los datos que reproduce la Defensoría. La diferencia es una foto bastante clara de por qué muchos centros tienen dificultades para sostenerse: los costos suben más rápido que lo que el sistema reconoce.

Hay, además, un capítulo que muestra cómo los números también golpean en los traslados. En el mismo período, la nafta súper aumentó un 559% y el valor reconocido por kilómetro recorrido para los transportes que llevan a pacientes apenas subió un 231%. El informe vincula esa brecha con la reducción de servicios que algunos prestadores ya están llevando adelante, ajustando recorridos, recortando frecuencias o directamente dejando de atender a determinados usuarios porque la ecuación no cierra.

Al cierre de la presentación, mientras en la vereda de la Defensoría el sol de octubre se filtraba entre los jacarandás y la gente iba armando pequeños grupos para hablar de turnos, de próteses y de obras sociales que pagan tarde, volvía a aparecer la misma escena de la mañana: Romina acomodando a su hijo en la silla, una abuela preguntando a qué hospital le toca ahora, un profesional guardando carpetas con la expresión de quien ya sabe que el próximo mes va a estar exactamente igual. El informe no resuelve nada por sí mismo, pero tiene la virtud poco frecuente de ponerle cifras y nombres a algo que en Córdoba se vive todos los días: la discapacidad, cuando choca con un sistema que llega tarde, se convierte en una carrera de resistencia que se corre, casi siempre, con plata del propio bolsillo y con el peso extra de los cuidados recargado sobre las mujeres de cada familia.

Lo que dejó el informe, en puntos clave

• Esperas de dos a tres meses para obtener el Certificado Único de Discapacidad en hospitales de la Ciudad de Córdoba, con dos establecimientos pediátricos como parte de la red de juntas evaluadoras.
• Demora de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación, según los plazos relevados en el informe.
• Gastos de bolsillo de entre 150.000 y 180.000 pesos sólo en sesiones de terapia en uno de los casos documentados, después de casi dos años de atención particular.
• Mayor carga de cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y resignaron ingresos para sostener los tratamientos.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales a los prestadores, en un contexto en el que el nomenclador nacional aumentó 225% frente a una inflación del 336% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
• Aumento del 559% en la nafta súper contra un 231% en el valor reconocido por kilómetro, una diferencia que el informe asocia con la reducción de servicios de transporte para personas con discapacidad.