Condena efectiva a un enfermero rosarino que vendía fentanilo y otros fármacos robados del hospital
Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por vender medicamentos robados del nosocomio, entre ellos fentanilo, a través de redes sociales y con fines recreativos. La pena incluyó la inhabilitación por igual período para ejercer la profesión y para ocupar cargos públicos, según fuentes judiciales.
El juicio contra Luis Benavídez, de 38 años, se resolvió mediante un acuerdo pleno entre la Fiscalía Federal 2 de Rosario, a cargo de Adrián Spelta, y la defensa del imputado. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó la conformidad en una audiencia desarrollada el 4 de septiembre y le impuso la pena unificada, luego de sumar una pena anterior dictada en una causa de menor cuantía.
Cuatro delitos reconocidos
- Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
- Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, a raíz del bromuro de vecuronio.
- Hurto, por la sustracción de los medicamentos.
- Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, por una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.
El enfermero admitió los hechos, su participación, las pruebas reunidas por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de un procedimiento abreviado.
La pesquisa se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años que apareció muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. El progenitor aportó a la Unidad Fiscal Rosario el teléfono y documentación de su hijo y señaló que éste consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero. Esos elementos fueron derivados a la justicia federal, que abrió una investigación por la comercialización ilegal de medicamentos.
Según fuentes judiciales, la fiscalía reconstruyó la cadena de comercialización mediante conversaciones y mensajes de audio extraídos del celular de la víctima. Esos intercambios permitieron acreditar que Benavídez ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba su entrega, tras obtenerlas del establecimiento donde se desempeñaba desde 2014.
La causa por la muerte, tramitada en la justicia ordinaria de Rosario, fue archivada. La autopsia no logró determinar una causa y el laboratorio no contaba con reactivos para confirmar la presencia de vecuronio, un relajante muscular cuyo uso clínico está restringido. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado impidió atribuir el fallecimiento a una sustancia específica.
La próxima audiencia de revisión de la condena quedó prevista para el 2 de marzo de 2026, en la que se evaluará el avance del cumplimiento de la pena.
